Contextualizando la Campaña Internacional de Defensoras de Derechos Humanos

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Contextualizando la Campaña Internacional de Defensoras de Derechos Humanos

La Campaña
La Campaña Internacional de Defensoras de Derechos Humanos es una iniciativa internacional para el reconocimiento y protección de aquellas activistas dedicadas al logro de derechos humanos para todos y para todas. La campaña llama la atención al hecho de que las mujeres que luchan por los derechos humanos, especialmente los derechos humanos de las mujeres, enfrentan violaciones específicas de derechos humanos cuando llevan a cabo su labor debido a su sexo y género. Adicionalmente, la campaña dirige su atención especialmente a los abusos sufridos por activistas de derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y otros, basados en su identidad sexual y de género.
Las identidades de estos actores así como la naturaleza de los derechos que se defienden son elementos que los hacen foco especial de esta Conferencia.

La Campaña tiene como finalidad resaltar el rol crítico que desempeñan los defensores de derechos humanos en el mundo, en lo referente a la promoción y protección de todos los derechos humanos para todas las personas, expandiendo el ámbito de entendimiento de este concepto al incluir defensores y grupos de defensores específicos que se encuentran en situación de riesgo debido a su identidad sexual y de género. Este aspecto ha cobrado vital importancia en el presente contexto global donde el espacio para la defensa de los derechos humanos se va reduciendo debido al escenario de “guerras” promovidas por los Estados Unidos contra el terrorismo y los crecientes fundamentalismos.

En este contexto, la campaña surge como producto de un proceso de construcción de alianzas entre las organizaciones de derechos de las mujeres y las de derechos humanos, uniendo una amplia gama de interesantes experiencias e historias relacionadas con la defensa de los derechos humanos. Dirige su atención hacia temas como los de impunidad y rendición de cuentas por parte de los Estados, así como también hacia la responsabilidad de aquellos actores no-estatales sobre violaciones y abusos contra las defensoras de derechos humanos. Se ubica en la creación de estrategias colectivas de análisis y de corte político para el fortalecimiento de la defensa de quienes defienden los derechos humanos de las mujeres dentro de un contexto más amplio e incluyente de reafirmación de aquellos compromisos reconocidos internacionalmente como los principios democráticos, de derechos humanos y de libertades fundamentales.

La historia se encuentra repleta de acontecimientos relacionados a innumerables varones y mujeres de todo el mundo quienes han sido objeto de discriminación y abuso, así como de violencia en el curso de su proceso de activismo en la promoción y en la defensa de sus propios derechos, así como de los derechos de otros. Muchos han pagado con sus vidas su lucha, debido a su coraje y determinación en la defensa de los derechos humanos, y aun así no han sido reconocidos y sus muertes continúan siendo ignoradas. Si bien es cierto que las estructuras legales formales existentes pueden ser empleadas hasta cierto nivel para proteger a individuos y grupos de sufrir violaciones de derechos por parte de los estados o de otros agentes o actores específicos, nuestras experiencias demuestran que muchos activistas no gozan de la protección a la que tienen derecho de acuerdo a ley. La demanda por nuevas y mejores estructuras legales y una conciencia social más elevada sobre la protección de los defensores de DDHH ha surgido de este contexto.

A lo largo de esta campaña, las mujeres defensoras de derechos humanos han compartido sus preocupaciones con el equipo organizador durante una serie de reuniones y consultas. La información compartida ha producido un mejor entendimiento de las violaciones específicas y abusos que enfrentan y la necesidad de desarrollar mecanismos de protección que respondan efectivamente a las amenazas y riesgos que viven como defensoras de derechos humanos.
La Campaña también ha tenido éxito en reunir grupos involucrados en el área de derechos de las mujeres y aquellas organizaciones de derechos humanos a fin de trabajar conjuntamente a través de actividades y diferentes acciones comunes para discutir las preocupaciones expresadas por las defensoras. Juntos han sido capaces de dar respuesta a instancias especificas de abuso y violaciones contra las defensoras de derechos humanos mediante Alertas de Acción (Action Alerts) y otras herramientas usadas por los grupos mencionados que han empezado a ser empleadas en casos de violaciones especificas contra defensoras de derechos humanos. El equipo también ha sido capaz de trabajar en forma colectiva llamando la atención hacia la ausencia de legitimidad otorgada a las mujeres como defensoras de derechos humanos que deviene en una falta de protección para el cumplimiento de su labor.

En1998, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos. Ello marca el primer reconocimiento internacional otorgado a los defensores de derechos humanos y el primer compromiso de este tipo adoptado por la comunidad internacional y por los estados miembros de las Naciones Unidas en lo que respecta a la defensa de aquellos que luchan por los derechos humanos. Este documento adoptado por consenso representa un amplio reconocimiento de la importancia que tiene el proteger a los defensores de derechos humanos y el promover su trabajo. No se crean nuevos derechos pero articula las normas de derechos humanos existentes y los relaciona con los estándares conferidos a los defensores de derechos humanos. La declaración no es un instrumento vinculante desde el punto de vista legal pero contiene una serie de principios y derechos que están basados en estándares de derechos humanos ya reconocidos a través de otros instrumentos internacionales que si establecen compromisos legales tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto sobre derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fuera de toda discusión esta el hecho de que la Declaración otorga un reconocimiento a los defensores de derechos humanos y refuerza la legitimidad de su trabajo. Asimismo, fija bases que los defensores de derechos humanos pueden usar para defenderse de las violaciones de derechos cometidas contra ellos.

La creación del puesto de Representante Especial del Secretario General para los Defensores de derechos humanos en 1999 y su mandato destinado a recabar información y redactar un informe anual para ser presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ha fortalecido la causa de los defensores de derechos humanos a nivel mundial y su necesidad de reconocimiento y respeto.

La Declaración y el mandato del Representante Especial del Secretario General para los Defensores de derechos humanos se ubican en el marco de la responsabilidad del estado y otros actores con relación al reconocimiento y protección de los defensores de derechos humanos. Mientras que los términos empleados no se refieren particularmente a algún grupo específico de defensores, éstos permiten una amplia interpretación. En sus reportes a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Hina Jilani, abogada Paquistaní de derechos humanos que es actualmente la Representante Especial en el tema de defensores, ha señalado la situación especifica de las mujeres comprometidas en al defensa de los derechos humanos.

¿Por qué una atención especial hacia las defensoras de derechos humanos?

Al interior del activismo de derechos humanos, el obtener el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, fue una batalla muy peleada y que finalmente se logró vencer. Esta batalla se llevo a cabo en distintos frentes durante muchos años. Básicamente se centro en el desafío de la validez de la definición que parte de la afirmación que los derechos se aplican a todos sin considerar las diferencias que existen entre los seres humanos basadas en la raza, etnia, status educativo o económico, identidad de genero o sexo, edad o habilidad y sin tomar en cuenta las diversas relaciones de poder entre los seres humanos debido a que estas diferencias son en esencia difíciles. Luchar por la igualdad de las mujeres ha sido muy difícil en un mundo plagado de relaciones social de dominio masculino y de características patriarcales. Las mujeres que defienden sus derechos, los derechos de otras mujeres, de otras comunidades sufren discriminación y son marginadas experimentando hostigamiento, abuso y violencia diariamente debido a aquello que se han atrevido a hacer.

Los temas de derechos de las mujeres, y en la actualidad los concernientes a defensoras de derechos humanos resultan problemáticos para los estados, para los actores no-estatales y aun para las principales organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales progresistas por los retos que crean frente a las normas existentes y los parámetros sociales. La perspectiva de género en los derechos humanos implica una perspectiva crítica que da vida al principio de que lo personal es político. El llamado para la inclusión de una visión de género nos compele a fijar nuestra atención en la existencia de relaciones desiguales de poder en todas las estructuras y marcos organizativos incluyendo los nuestros.

Las defensoras de derechos humanos en el desarrollo de su labor experimentan una serie de violaciones de derechos humanos debido a diferentes causas. Como defensoras de derechos humanos cuando desafían la maquinaria de represión de los estados, enfrentan el mismo nivel de riesgo de cualquier defensor de derechos humanos; de igual manera cuando luchan por la libertad de expresión y opinión en contra de estados autoritarios. Pero como mujeres también están expuestas o bajo la amenaza de una violencia especifica de género y de riesgos específicos. El reconocimiento de tales riesgos y violaciones especificas que sufren debido a su sexo o identidad de género es crucial, especialmente dentro de un contexto amplio donde se constata la negación de la igualdad y dignidad de las mujeres y donde existe una represión violenta de la autonomía de las mujeres y el ejercicio de sus derechos, factores endémicos en cada sociedad.

A nivel mundial, las mujeres que trabajan no solo en la protección de los derechos de las mujeres, pero de los derechos humanos en general, se encuentran en situación de riesgo debido a normas sociales y conceptos existentes acerca del rol primario de las mujeres ubicado dentro del ámbito privado y en la esfera doméstica. El aislamiento e imposición de silencio a las mujeres causados por estructuras patriarcales juegan un rol preponderante y crítico en la ubicación de las mujeres frente a situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Cualquier persona que trabaja con mujeres y niñas victimas de violencia sexual o doméstica conoce los obstáculos que previenen a las mujeres de expresar las indignidades y abusos que sufren diariamente. Existe una cultura de culpa dirigida a las victimas de violencia sexual que se transforma en un elemento esencial para evitar que las mujeres que sufren estas violaciones y las personas cercanas a ellas denuncien estos abusos.

Las normas sociales y las practicas tradicionales construyen la imagen de la mujer como símbolo de la familia y del honor de la comunidad y de esta forma la hacen responsable de la protección del honor de su comunidad, justificando de esta manera los castigos severos e inhumanos impuestos a las mujeres que desobedecen las normas de comportamiento que han sido formuladas por autoridades culturales y religiosas que son de dominio masculino. Esta situación dificulta a los defensores de derechos humanos el poder denunciar o inclusive informar acerca de la violencia dirigida hacia las mujeres por parte de los propios miembros de su grupo étnico o político. Las construcciones masculinas reflejadas en las estructuras de los estados, reproducidas en la familia y la comunidad, consideran antipatrióticas y traidoras a las mujeres activistas que identifican a los perpetradores que son miembros de la familia o sus mismos colegas en los movimientos. Las mujeres que deciden hablar y actuar en defensa de sus propios derechos así como de los derechos de otros grupos socialmente marginados, se encuentran en una situación de alto riesgo de convertirse en victimas de ataques y abusos. Estas redes entrelazadas de silencio y vergüenza refuerzan una cultura de impunidad de los crímenes cometidos contra las mujeres. Esta situación agrava el riesgo de las mujeres activistas de sufrir violaciones de sus derechos e impide el goce pleno de su ciudadanía.

Las mujeres y aquellas activistas que promueven los derechos de las mujeres en áreas como las de derecho a la tierra, a la herencia, derechos reproductivos y sexuales, y quienes son consideradas un reto a la tradición, la costumbre, la religión y la cultura sufren también su cuota de ataques y abusos. La manipulación de la cultura, la tradición, la costumbre y la religión por parte de fuerzas conservadoras y de derecha que buscan justificar estos ataques, tiene efecto en la labor de las defensoras de derechos humanos que trabajan por la protección y promoción de los derechos de las mujeres en estas áreas, labor que se torna más difícil y compleja. La promoción y protección de derechos en el contexto de dicha situación puede ocasionar riesgos adicionales para las activistas, ya que la afirmación de tales derechos es vista como destructiva en relación a los valores culturales y las tradiciones existentes. El activismo que desafía las normas sociales patriarcales coloca a las defensoras de derechos humanos en riesgo no solo de abuso físico y de violencia sino también en riesgo de ser aisladas por la comunidad y la sociedad en pleno bajo acusaciones de ser brujas, apostatas y herejes

Objeto de una preocupación especial en referencia a las defensoras de derechos humanos de las mujeres es el caso del llamado “hostigamiento de la sexualidad” (sexuality baiting), término que involucra una serie de prácticas que incluyen la manipulación de actitudes y prejuicios con referencia la sexualidad de las mujeres para intimidar, humillar, avergonzar, fastidiar o desalentar a las mujeres ya sea para evitar que puedan reunirse, organizarse o discutir temas referentes a la sexualidad, lo sexual y otros derechos humanos. El fastidio sexual contra las defensoras puede adoptar muchas formas: las activistas pueden ser llamadas lesbianas, degeneradas o promiscuas, anti-Dios, anti-religión, acusadas de promover culturas Occidentales o extranjeras y considerarlas como responsables por el rompimiento de la familia. Estos apodos o “nombres” tienen el objetivo de denigrar la importancia de su trabajo y desacreditar las causas por las que las mujeres participan en el campo de los derechos humanos.

Adicionalmente este fenómeno da lugar a situaciones que tienen graves consecuencias para las mujeres. Tales consecuencias incluyen el despido o la renuncia forzada de su empleo o del puesto que desempeñan, desalojo de sus hogares y despojo de la tenencia de sus hijos, expulsión de la comunidad, exilio o migración forzada. Las mujeres que demandan la inclusión de la violación sexual dentro del matrimonio como figura penal, por ejemplo, quienes critican las formas patriarcales y la naturaleza de la familia monógama nuclear, las mujeres que desafían la hetero-normatividad - imposición de la heterosexualidad como norma- son frecuentemente objeto de ataques y calumnias, incluyendo la imposición de condenas de tipo penal y religioso en sus comunidades en algunos países. Se les acusa de ser “malas mujeres” y “madres negligentes”; tales situaciones no son aplicables a los varones involucrados en la vida publica y comprometidos en la defensa de los derechos humanos.

Los ataques públicos hacia las defensoras de derechos humanos frecuentemente producen restricciones en sus libertades de expresión, opinión y reunión, así como un cuestionamiento a la personería legal de sus organizaciones. La sexualidad se manipula no solo cuando se ataca a las lesbianas, gays y otros activistas que trabajan por los derechos sexuales, sino para desacreditar la agenda política de las mujeres activistas. En muchos casos, al tener que enfrentar estas respuestas hostiles y violentas en algunos casos, las propias activistas tienen que tomar la decisión de bajar el tono de sus agendas políticas o por ejemplo, no incluir los derechos relacionados al tema de la sexualidad debido al temor de sufrir abusos. Este tipo de auto--censura y de interiorización del miedo va tomando raíces de manera que romper la barrera del silencio se hace difícil aun en situaciones cuando el clima social y político se torna más receptivo hacia estos temas.
Dado este contexto, el término defensoras de derechos humanos incluye tanto a las mujeres activas en la defensa de los derechos humanos que están bajo la mira por ser quienes son y aquellas que también están en la misma situación por lo que realizan.

A pesar de los obstáculos y la represión que enfrentan, en todo el mundo las mujeres continúan siendo activas en la promoción y protección de los derechos humanos-sus propios derechos y los de los demás. Este activismo levanta una serie de derechos, incluyendo los civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, derecho a la salud, derechos reproductivos, derechos sexuales, derechos laborales, derechos de las poblaciones indígenas, derecho al medio ambiente y derechos de las minorías. Muchas mujeres también están comprometidas en un activismo anti-globalización y anti-guerra que unifica los derechos de las diferentes comunidades y grupos de personas a través del trabajo por la justicia social y una paz permanente, así como por la transparencia de gobierno y la responsabilidad de los estados respetando los principios de igualdad y de no-discriminación.

Adicionalmente a las violaciones específicas de género perpetradas en su contra por ser mujeres, las defensoras de derechos humanos también tienen que luchar contra estereotipos de género y basados en construcciones de género que buscan invalidar su rol como líderes en la esfera pública. Ellas están expuestas a una hostilidad mayor que la dirigida hacia sus colegas varones porque ellas quienes desafían los estereotipos sociales, culturales o religiosos acerca de la feminidad y el rol y status de las mujeres en la sociedad. Esto se observa de manera particular en situaciones donde se asume que los varones tienen el monopolio del conocimiento. Las defensoras de derechos humanos son más proclives a sufrir ataques personales, estigma y aislamiento basados en su estilo de vida, por ejemplo, en comparación a situaciones similares en el caso de los defensores varones.

El objetivo de la mayoría de las instituciones lideres en derechos humanos y su trabajo en la esfera publica así como en lo referente a la demanda de responsabilidad por parte de los estados son otros de los factores que conducen a una falta de consideración hacia el rol jugado por los llamados actores privados o no-estatales en lo que se refiere a la comisión de abusos contra los derechos humanos de las mujeres. Ente los actores no estatales involucrados en la perpetración de abusos de derechos humanos se encuentran corporaciones multinacionales, empresas privadas, grupos extremistas y militantes armados o no, e individuos, especialmente aquellos vinculados en forma íntima o familiar con las mujeres víctimas.

La cuestión de la responsabilidad de los agentes o actores no estatales frente a las violaciones de derechos humanos que ellos cometen, constituye uno de los temas más difíciles dentro del discurso contemporáneo de derechos humanos. Por ejemplo, muchas comunidades étnicas, minoritarias e indígenas sufren graves violaciones de sus derechos humanos causadas por corporaciones multinacionales que han tomado posesión de sus tierras y bosques, empleando frecuentemente guardias particulares armados con el objetivo de otorgar “seguridad” a sus empresas. Grupos armados que promueven posiciones extremistas muchas veces violan los derechos de la sociedad civil, especialmente los de las mujeres, imponiendo prácticas inhumanas y anti-democráticas para eliminar la oposición y silenciar las voces disidentes. En todas estas situaciones las mujeres se encuentran bajo la mira debido a su sexo como también a su género y debido a su solidaridad con causas colectivas en respaldo a las minorías, las comunidades indígenas y los grupos étnicos.

Los métodos directos e indirectos empleados por las instituciones patriarcales y los sistemas legales para controlar a las defensoras de derechos humanos son reforzados por el no-reconocimiento de su labor. Esta falta de reconocimiento de las defensoras de derechos humanos como defensoras por derecho propio directamente constituye un reto a la legitimidad de los líderes de las comunidades y de los movimientos sociales.

El menoscabo de la credibilidad de su labor a través del no-reconocimiento expone a las defensoras a mayores riesgos. Por ejemplo, a las violaciones causadas contra las defensoras se les otorga menos prioridad en comparación con aquellas perpetradas contra reconocidos defensores que son en su mayoría varones. Este hecho es importante especialmente en el contexto de las activistas que trabajan a nivel de la comunidad y que no han conseguido un reconocimiento público de su labor; ellas son más proclives a sufrir violaciones de derechos humanos tales como rapto y tortura sin que la gente conozca de ello. Al mismo tiempo el carácter político de estas violaciones se pierde al considerarlas como delitos comunes. Además, estos actos contra las mujeres se resumen en el concepto de “abuso contra la mujer” sin ser percibidos como actos de violencia y expresiones de poder. La lucha de las defensoras para que se considere que la violación no es simplemente un acto sexual sino de manifestación de violencia es uno de los ejemplos que muestra como los estereotipos aun existen inclusive dentro del movimiento de derechos humanos.

El riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos y activistas también se agudiza debido a que no existe una sistematización de la naturaleza específica de género de las manifestaciones de violencia que se dirige contra ellas. Esto ocasiona una negación constante de los problemas que preocupan a las defensoras y en la existencia de un vacío en lo que respecta a la creación de sistemas y estructuras legales que puedan asegurarles una adecuada y apropiada protección. Esto deviene en una condición de vulnerabilidad que ocasiona que las defensoras se encuentren más expuestas a abusos y violaciones. Es necesario que se desarrollen procesos de informe y monitoreo de los casos de abusos contra las mujeres que sean más sensibles desde el punto de vista de género, a fin de que las víctimas puedan sentirse apoyadas en la denuncia de los actos que se cometen contra ellas. Por ejemplo, las activistas que trabajan en el área de violencia contra la mujer, han desarrollado metodologías alternativas de registro de testimonios que reducen el trauma que sufren las sobrevivientes de estos hechos cuando narran los acontecimientos; este proceso facilita la toma de acciones contra estos abusos de una manera en la que no se violentan los derechos de las personas que sobreviven actos de violencia.

En un contexto donde los derechos de las mujeres no son fácilmente reconocidos y aceptados como derechos humanos, el no-reconocimiento de los roles específicos y los riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos se traduce en la formulación de una serie de dudas en lo que respecta a la validez de las preocupaciones especificas de las mujeres dentro de esquemas mas amplios de derechos humanos y la negación del liderazgo y de las contribuciones tan significativas realizadas por mujeres activistas en la defensa de los derechos humanos. Tradicionalmente, dentro de la mayoría de las principales organizaciones de derechos humanos y redes existentes, como también la mayoría de sindicatos y partidos políticos, levantar temas relacionados a los derechos de las mujeres era considerado divisivo. Los derechos de las mujeres eran subordinados a la existencia de otros temas más importantes y urgentes mientras que el trabajo de defensa por los derechos de las mujeres se podía introducir en la agenda principal solo después que otros objetivos mas importantes y comunes fueran logrados. Esta tendencia no solo sirve para aislar los derechos de las mujeres sino que también ocasiona el recorte de derechos de las defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, hay activistas que se ven forzadas a salir de sus países debido a que se encuentran bajo la amenaza de peligro inminente a consecuencia de sus actividades de defensa de los derechos humanos y de derechos de las mujeres. Si son casadas deberán solicitar asilo y obtener status de refugiadas como dependientes de sus esposos quienes muchas veces son líderes de movimientos sociales y políticos. Existe un desconocimiento de la posición de la mujer como defensora por derecho propio.

Por medio de su activismo a lo largo del tiempo, las mujeres han transformado sus roles tradicionales al interior de la familia institución que de por sí proporciona muchos de los elementos que buscan mantenerla en una posición de subordinación y marginalidad, convirtiéndola en fuente de acción colectiva y de organización. Por ejemplo en muchos países las mujeres han redefinido el concepto de maternidad a pesar de una represión severa de corte político, desafiando maquinarias represivas estatales y no-estatales, demandando justicia y responsabilidad por los abusos cometidos. En Argentina, las Madres de la Plaza de Mayo constituyen un grupo de presión muy significativo que reclama que se haga justicia y se halle a los responsables de la desaparición de niños y niñas durante el régimen militar de finales de los 70s. El conocimiento y la experiencia especializada ganada por las mujeres a través de múltiples roles y responsabilidades que asumen como agentes protectores pueden proporcionar las bases para intervenciones especificas y muchas veces estratégicas para mejorar la protección de las defensoras de derechos humanos.

Resistencia a la violencia por parte del Estado.

La naturaleza cambiante del estado-nación a finales del siglo XX y los diferentes procesos políticos y militares que abrieron camino a la formación de nuevos estados, han tenido un profundo impacto en la protección y promoción de los derechos humanos. Adicionalmente la serie de procesos económicos en la que nos hemos embarcado y que es referida bajo el término de ‘globalizacion’ ha conducido a una transformación traumática de las sociedades y las distintas comunidades bajo las denominadas políticas económicas neo-liberales que se centran en el crecimiento, la privatización de servicios públicos y la desregulación del comercio y las finanzas. Estos procesos han creado inmensas tensiones sociales y ha agudizado la competencia frente a los escasos recursos dentro de las comunidades más pobres y marginadas en el mundo.

Este proceso está acompañado de un incremento en el uso de la violencia como método para resolver conflictos y que ha llevado a una proliferación de conflictos armadas al interior de los países, de luchas separatistas y de los llamados conflictos de baja intensidad como fenómenos globales. Los estados que se sienten inseguros se apoyan cada vez más en sus recursos militares y sus fuerzas de seguridad para asegurar la estabilidad a todo nivel. El militarismo se encuentra estrechamente ligado al proceso de militarización y de la normalidad frente a la presencia militar en la vida civil en las estructuras de toma de decisiones. La Guerra Global contra el terrorismo que siguió a los ataques contra el World Trade Centre y el Pentágono en los EEUU el 11 de Septiembre del 2002 ha fortalecido el papel de quienes se basan en soluciones militares para resolver tensiones y conflictos. Conjuntamente con la intolerancia hacia las opiniones diferentes y de oposición, uno no puede dejar de observar la amenaza constante a la gobernabilidad a nivel global causada por actos unilaterales; un ejemplo contundente de ello es la decisión del gobierno de los EEUU de atacar Irak sin considerar la masiva oposición existente hacia dicho acto. Los gobiernos de muchos países en desarrollo han tenido que aceptar los roles asignados a ellos en esta Guerra Global liderada por los EEUU, debido a que la ayuda y las concesiones de tipo económico se encuentran ligadas a la cooperación que se espera para esta guerra.

Esta situación ha legitimado los pasos tomados por muchos gobiernos para implementar una variedad de leyes anti-terrorismo que eliminan la oposición de tipo democrático y viola una serie de derechos humanos de las personas. Se ha concedido la oportunidad de iniciar la caza de oponentes a aquellos regímenes autoritarios que ahora se encuentran protegidos debido a la impunidad que prevalece. El trabajo de defensa de las libertades fundamentales que vigila los excesos de los gobiernos y demanda cambios democráticos son identificados como una “amenaza a la seguridad nacional e internacional”.Esto crea un clima de alto riesgo para los defensores de derechos humanos en general. Los defensores, varones y mujeres, que trabajan por la democracia, justicia social y los derechos humanos se encuentran acusados de “incitar a la rebelión”, “propagar información falsa” y “dañar la reputación de los países” debido a que han optado por denunciar situaciones internas relacionadas con derechos humanos en eventos internacionales. Los procedimientos legales y procesales son usados para hostigar a los activistas a través de acciones legales múltiples, juicios largos, multas exorbitantes y arresto prolongado. Los gobiernos también han implementado normas que permiten el monitoreo y control estricto de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil tales como, procedimientos arbitrarios de registro, restricciones en cuanto a financiamiento que provenga del extranjero, y reporte obligatorio de trabajadores no-residentes que laboren en ONG s.

El informe de la Representante Especial de la ONU para los Defensores de Derechos Humanos para el año 2005, contiene observaciones críticas con respecto a esta situación, amparándose en una serie de informes recibidos que dan cuenta de los ataque sufridos por defensores de derechos humanos durante demostraciones publicas pacificas y manifestaciones. Entre los abusos hallados, se encuentra el arresto arbitrario y la detención- en muchos casos sin poder acceder a ayuda legal o de sus familiares- la intimidación y el hostigamiento por parte de las autoridades que incluyen la intervención de las líneas telefónicas o el corte de las líneas ,y la confiscación de documentos de viaje, inicio de procesos judiciales por haber realizado declaraciones críticas contra el gobierno, además de colocar sus nombres en listas negras y amenazar a sus familiares.

El caso de Mahboubeh Abbasgholizadeh, feminista iraní, arrestada e interrogada acerca de sus presentaciones en encuentros internacionales fuera de Irán, incluyendo el Foro Social Europeo y el Foro de Asia Pacifico de Beijing + 10, son claros ejemplos de los tipos y niveles de abusos a los que pueden ser sometidas las defensoras de derechos humanos cuando denuncian violaciones cometidas por los estados. Ella fue repetidamente interrogada acerca de sus compañeros sexuales y la amenazaron con arrestar a su hija si no cooperaba.
En medio de una creciente organización de la comunidad gay y lesbiana en Zimbabwe, el Presidente Robert Mugabe similarmente lanzó una serie de ataques verbales en contra de gays y lesbianas, asociando la diversidad sexual con un proceso de decadencia nacional , justificando no solo la necesidad de marginar a estas comunidades sino también de justificar los ataques hacia ellas.

Una postura clave de todos los defensores de derechos humanos es el demandar la rendición de cuentas por parte de los estados y sus obligaciones de acuerdo a las normas de derecho internacional. El activismo de los derechos de las mujeres ha demostrado como los actos de violencia dirigida contra las mujeres perpetrados por el estado, bajo su nombre o bajo sus órdenes, constituyen una situación crítica en la cual las defensoras deben realizan su labor.
La creciente dependencia de muchos estados, especialmente los confrontados con amenazas a su estabilidad política y los relacionados a sectores influyentes como los de negocios, las corporaciones y aquellos que operan sistemas de seguridad particular, de alguna manera tiñe la posibilidad real de que el estado sea responsable de estas violaciones. En Tailandia y Filipinas existen muchos ejemplos de empresas del sector privado que usan fuerzas de seguridad particulares para disparar, intimidar y algunas veces asesinar personas de las comunidades que manifiestan su protesta contra el desplazamiento y contra consecuencias en el medio ambiente que son producto de las actividades de estas compañías.

El tema de la violencia estatal y las violaciones de derechos de los y las defensoras de derechos humanos se hace más complejo si tomamos en cuenta la obligación formal que tienen los estados de promover, proteger y lograr la realización de los derechos humanos de acuerdo a los tratados de derechos humanos y los compromisos asumidos por parte de ellos. La obligación del estado y sus autoridades de prevenir, investigar y castigar actos delictuosos, incluyendo aquellos cometidos por agentes no-estatales, se ha visto fortalecida por una atención creciente en la responsabilidad de los estados por sus omisiones incluyendo su falla en cuanto a prevenir violaciones de derechos humanos y asegurar la protección de quienes viven bajo su jurisdicción.

Como se ha descrito anteriormente, el concepto de ‘Actores no-estatales” puede incluir miembros de la familia y de la comunidad, miembros de grupos fundamentalistas y extremistas, representantes de los medios, grupos amados, representantes de otras organizaciones tales como las corporaciones trasnacionales y financieras internacionales. La distinción entre actores estatales y no-estatales puede ser vista como muy superficial, ambas en el contexto de la identificación de los perpetradores y la atribución de responsabilidades por los abusos cometidos. Por ejemplo, los grupos para-militares que son clasificados como no-estatales pueden ser apoyados por los mismos gobiernos en determinadas circunstancias como en los casos de contra-insurrección. Asimismo, mientras que una serie de violaciones de derechos humanos pueden ser cometidas directamente por actores no-estatales, ambos- los estatales y los no-estatales- pueden ser hallados responsables por estas violaciones. El surgimiento de actores no-estatales muy poderosos tales como los grupos fundamentalistas armados asimilados a los movimientos populares y el crecimiento del número de conflictos y crisis diversas de derechos humanos que atraviesan las jurisdicciones nacionales, muestran los límites del paradigma de responsabilidad por las violaciones de derechos humanos basado en el principio de soberanía nacional.

El termino “Actores no-estatales” es importante no solo por su claridad conceptual sino porque marca un giro significativo en el proceso de rendición de cuentas y responsabilidad de tales perpetradores de violaciones de derechos humanos bajo las normas de derecho internacional. Antes de los años 90, la afirmación de que solo los estados eran signatarios en los tratados internacionales y en consecuencia sujetos de derecho internacional trajo consigo la existencia de impunidad de los actores no-estatales que cometían abusos contra los derechos humanos. El foco tradicional del activismo de derechos humanos centrado en la responsabilidad de los estados explica de alguna forma las causas por las cuales la violencia contra las mujeres se ha visto eclipsada dentro de las normas internacionales de derechos humanos y fuera del ámbito de obligaciones por parte de los gobiernos y de las organizaciones de derechos humanos hasta 1990.

Por ejemplo, en el caso de violencia contra las mujeres y las defensoras de derechos humanos en Algeria durante los años 80 y 90, muchas de las violaciones cometidas por el estado afectaron a los varones, mientras que los actos cometidos por grupos fundamentalistas armados afectaron en gran parte a cientos de miles de mujeres y también a las defensoras de derechos humanos. La concentración de atención hacia las violaciones perpetradas por el estado minimizando la dirigida hacia los abusos de los actores no-estatales invisibilizó la violencia específica dirigida a las mujeres victimas y a sus defensoras. Al mismo tiempo, grupos fundamentalistas han hecho uso de la oportunidad facilitada por el discurso de derechos humanos para ser vistos y presentarse como víctimas en todas las instancias posibles y reclamar derechos que son negados a quienes son sus víctimas. Ellos aparecen como socios aceptables y ponentes en diversas plataformas de derechos humanos, gozando de impunidad y evadiendo sus roles como perpetradores de violencia y abusos contra los derechos humanos. Un resultado terrible de esta situación es que los actores no-estatales políticos han venido gozando del status de refugiados en capitales europeas donde las victimas ni siquiera son consideradas elegibles para tal status ya que ellas no han sido objeto de persecución por parte del estado. Para las victimas y las defensoras quienes ni siquiera son consideradas como defensoras sujetos de derecho, esto ha significado añadir al daño, una ofensa mayor.

Insistir en la responsabilidad de los actores no-estatales por las violaciones de derechos humanos es crucial para la protección de las defensoras de derechos humanos. La forma en que las mujeres y sus cuerpos han sido usados como símbolos de cultura y tradición por grupos fundamentalistas religiosos, movimientos nacionalistas extremistas y grupos separatistas que luchan por la autodeterminación está muy bien documentada. Las activistas que luchan por los derechos de las mujeres son expuestas a una violencia no sólo por parte de actores externos (los ‘enemigos” frente al “otro”) pero también de actores internos porque en el curso de su labor por los derechos de las mujeres se oponen a prácticas culturales y tradicionales opresivas valiosas para esos grupos. Asimismo, las defensoras que trabajan en situaciones de conflicto armado y violencia, se enfrentan a formas específicas de violencia que incluyen los llamados crímenes de guerra y contra la humanidad. Durante periodos de transición y en situación de post-conflicto ellas enfrentan riesgos muy elevados especialmente cuando la violencia pública se torna privada, ámbito donde ésta se considera inexistente.

La mayor protección para las defensoras de derechos humanos y la prevención de los abusos y violaciones cometidos contra ellas es el logro de derechos humanos para todas las personas. Los defensores de derechos humanos, varones y mujeres, se encuentran bajo riesgo en climas de creciente represión política, de incremento del autoritarismo y de militarización elevada realizada por el estado y sus aliados. Muchos gobiernos han desconocido sus compromisos asumidos bajo instrumentos internacionales. El estado y los actores no-estatales han continuado cometiendo violaciones de derechos humanos gozando de impunidad. Esto ha hecho el trabajo relacionado a los derechos humanos más peligroso para los activistas. En consecuencia, ahora existe una necesidad, más que nunca, de conseguir el logro de todos los derechos humanos y hallar formas efectivas para que ambos actores sean responsables por la comisión de violaciones de derechos humanos. .

Dentro de este proceso, la lucha por conseguir el reconocimiento de ciertos conceptos de derechos en el área reproductiva biológica y humana y en el ejercicio de opciones sexuales ha sido infatigable y ha generado mucha tensión y debate. Los documentos producto de las Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo 1994) y de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995) contienen un lenguaje que marcó el alejamiento de la consideración de estos temas como pertenecientes al campo de la salud pública dirigiéndose hacia un contexto de aceptación de legitimidad de estos derechos desde una perspectiva no-discriminatoria y de autonomía de la mujer. Sin embargo, estas victorias han sido bloqueadas y resistidas frecuentemente por las fuerzas combinadas de posiciones conservadoras y extremas, así como de fundamentalismos religiosos. Adicionalmente, el asegurar que la interpretación de estos derechos se de reconociendo formas de adelanto hacia la condición de la mujer y que sean incorporadas en las diferentes políticas aun permanece como tema que genera conflicto.

Los diseñadores de políticas incluyendo aquellos que trabajan en el campo de los derechos humanos tienen que ser concientes de las dimensiones multifacéticas de los derechos reproductivos de manera que se considere el respeto a la autonomía de la mujer para decidir si desea, cuándo y cómo quiere procrear, incluyendo el derecho a anticoncepción, aborto seguro, su capacidad de tener una vida sexual segura y plena, basada en la opción y el consentimiento. Los derechos de las mujeres contienen este nivel de derechos reproductivos y sexuales. La presente postura se contempla en el párrafo 96 de la plataforma de Beijing para la acción que establece:

"los derechos fundamentales de la mujer comprenden el derecho a ser dueña de su sexualidad, incluyendo en ello su salud en cuanto a la sexualidad y a la procreación, sin ningún límite, discriminación o violencia, y el de tomar decisiones libre y responsablemente en este ámbito. La igualdad de las relaciones entre varones y mujeres en materias relacionadas a las relaciones sexuales y la reproducción, incluyendo el respeto pleno a la integridad de la persona, que incluye el respeto mutuo, consentimiento y responsabilidad compartida en el comportamiento sexual y sus consecuencias”.

La criminalidad de la homosexualidad en muchos países y el aislamiento endémico de todos los grupos y comunidades conformados por varones y mujeres que ejercen su derecho a la preferencia y la opción sexual en contradicción con los estándares hetero-normativos hace el logro de derechos humanos muy complicado y difícil. La falta de legitimidad social esta ligada a la falta de legitimidad que se concede a los derechos sexuales dentro de los grupos de trabajo de derechos humanos tradicionales y de las redes. La perpetuación de la invisibilidad no solo de los temas sexuales sino los levantados por las comunidades gay, lesbianas y de otras sexualidades en todas las esferas, incluyendo los movimientos sociales amplios, es de por si una forma evidente de discriminación y de violación de los derechos sexuales.

Los aspectos centrales de la lucha por los derechos en el área de la sexualidad se vuelven urgentes debido al surgimiento de varias formas de fundamentalismos que se han convertido en fuerzas poderosas responsables de muchas de las violaciones de derechos de las mujeres y derechos humanos. Los fundamentalismos al ser esencialmente proyectos políticos, usan la religión para obtener y consolidar poder, legitimándose de un concepto fabricado de una universalidad moral que busca crear una identidad colectiva única reconocida como “pura” y “autentica”. Esta “pureza y autenticidad “se logran primordialmente a través del control de las mujeres incluyendo el control de su sexualidad. Estas ideologías fundamentalistas ganan poder en esas sociedades influyendo en los procesos de construcción de normas y políticas. Un ejemplo de este hecho es el “Global Gag Rule” (o Política de la ciudad de México) implantada por la Administración Bush que restringe los fondos para aquellas ONGs que trabajan en temas relacionados con el aborto, incluyendo la campaña para eliminar normas punitivas; la más reciente política al respecto es la de proporcionar ayuda financiera relacionada al SIDA solo para aquellas organizaciones que promueven la abstinencia.

La campaña internacional de defensoras de derechos humanos tiene el objetivo de promover un proceso de movilización y reflexión entre aquellos actores claves en la arena de los derechos humanos en asuntos que afectan directamente a las defensoras, y apoyar las diferentes iniciativas diseñadas a profundizar el entendimiento de los derechos humanos y la universalidad de sus principios, especialmente dentro del presente contexto global.

1. Que las defensoras de derechos humanos sean tratadas como socias iguales y lideres en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Este objetivo tiene sus raíces en el compromiso de lograr el principio universal de igualdad entre varones y mujeres, basado en una perspectiva feminista de una igualdad que desafía y busca corregir el recorte de los derechos humanos de las mujeres basado en estereotipos sesgados sobre las diferentes funciones biológicas de varones y mujeres.

Muchos de los riesgos que enfrentan las defensoras surgen de la falta de conocimiento de su presencia en el campo y en la falta de legitimidad que se asigna a los asuntos por los que luchan,.La falta de respeto hacia las defensoras afecta la lucha de derechos humanos.

La adecuada y apropiada protección de las defensoras encierra un entendimiento real de las violaciones de derechos humanos desde una visión de género y de las amenazas y consecuencias que tienen en las defensoras. Encarar estas violaciones tiene que ser contextualizado y los mecanismos de protección empleados deben reafirmar los principios de igualdad y no-discriminación. El uso de la cultura y la religión para justificar abusos contra las mujeres deberá ser prohibido y las activistas ser protegidas en todos las distintas esferas de su trabajo, en áreas publicas y privadas y que los actores estatales y no-estatales asuman su responsabilidad directa por las violaciones de derechos humanos.

Con la finalidad de asegurar la protección de las Defensoras de derechos humanos y basada en estas propuestas esenciales, la Campaña eleva las siguientes demandas:

Rechazar todas aquellas leyes y políticas incluyendo las regulaciones anti-terrorismo, que violan los derechos humanos y de las mujeres y que ponen en situación de riesgo a los defensores, incluyendo las mujeres y legislar medidas específicas para implementar los principios contenidos en la Declaración de la ONU sobre Defensores de derechos humanos asegurando que las mujeres sean capaces de ejercer sus derecho a asumir la defensa de derechos humanos y otros derechos específicos.
Iniciar una toma de acción efectiva para sancionar a oficiales del estado y actores no-estatales que abusan del sistema penal de justicia existente , utilizan los medios o la comunidad para hostigar a las defensoras , menoscabando sus actividades legítimas de defensa de derechos y libertades fundamentales;

Desarrollar nuevos mecanismos para el logro de una efectiva responsabilidad de los actores no-estatales por las violaciones dirigidas contra las mujeres y las defensoras.
Continuar apoyando el mandato de la Representante Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos y asegurar que se siga enfocando la situación de las defensoras como aspecto de fondo en la labor que realiza a fin de desarrollar y mantener una efectiva y apropiada protección a la que pueden tener fácil acceso.

Que la Oficina del Alto Comisionado de La ONU sobre Derechos Humanos provea de soporte técnico y de recursos a la ONU y a las agencias estatales, incluyendo las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, que implemente las recomendaciones de la Representante Especial de la ONU sobre Defensores de derechos humanos, particularmente en la prevención de las violaciones y la protección de las defensoras.

Desarrollar lineamientos de género para que las defensoras expuestas a peligro puedan acceder a protección y conseguir su seguridad personal antes de que hechos violentos serios pueden ocurrir; luchar por una investigación exhaustiva e imparcial conducida en casos de violaciones de derechos contra los defensores, incluyendo las mujeres y que aquellos responsables sean llevados a justicia y que las victimas o sus parientes sean compensados. Asegurar que las defensoras tengan igual acceso a la ley y que las investigaciones judiciales y los procedimientos que se inician contra ellas sean conducidos en concordancia con las normas internacionales respecto a lo que se considera un juicio justo.

Tomar medidas para proteger a aquellos que son victimas de persecución por su lucha en el campo de los derechos sexuales y eliminar toda forma de discriminación dirigida contra personas de distinta orientación sexual, incluyendo lesbianas, gay, bisexuales y personas transgénero
Desarrollar programas y destinar suficientes recursos para la protección de las defensoras y responder a las violaciones específicas de género que se dirigen contra ellas.
Reconocer que las defensoras son defensoras de derechos humanos por propio derecho y que deberían ser consultadas en temas relacionados con su seguridad y protección.