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14 de febrero de 2011

Mexico – Death threats against human rights defender Ms Guadalupe Calzada

Human rights defender Ms Guadalupe Calzada continues to face serious risks as a result of her position as founder and Coordinator of the Albergue San Juan Diego in Lechería, Mexico State, Mexico, despite receiving police protection following previous threats to her security. The latest threat occurred on 9 February 2011 when Guadalupe Calzada was subjected to death threats by unknown individuals. The Albergue San Juan Diego is a hostel, operated on a volunteer basis, which offers accommodation, help and support to migrants, many of whom are under threat of abduction from criminal gangs and human trafficking organisations operating in the area. The hostel is a member of the Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana – DPMH (Pastoral Dimension of Human Mobility) network, a Catholic Church-run network defending migrants' rights.

On 9 February 2011, a member of the DPMH received a telephone call from an unknown individual who stated that Guadalupe Calzada would be killed between the 8th and 10th of February 2011. The incident was reported to the authorities. The Comisión Nacional de los Derechos Humanos - CNDH (National Human Rights Commission) had granted precautionary protection measures to Guadalupe Calzada as a result of previous threats and specifically relating to an incident in July 2010 when armed members of the federal police reportedly used excessive force against members of the hostel as they attempted to detain migrants who were on the street at the location.

On 30 January 2011, an individual reported to Guadalupe Calzada that they had overheard discussions between presumed members of a trafficking organisation in which it was indicated that they planned to burn down the hostel and assassinate Guadalupe Calzada. On the same day, the municipal police arrested an individual thought to have been among this group, who had verbally assaulted Guadalupe Calzada outside of the hostel.

Front Line believes that the threats against Guadalupe Calzada are directly related to her legitimate and peaceful work in defence of the human rights of migrants. Front line is gravely concerned for the physical and psychological integrity of Guadalupe Calzada and other individuals associated with the Albergue San Juan Diego, as well as defenders of migrants' rights in Mexico State as well as Mexico in general.

Front Line urges the authorities in Mexico to:

1. Carry out an immediate, thorough and impartial investigation into the death threats against Guadalupe Calzada with a view to publishing the results and bringing those responsible to justice in accordance with international standards;
2. Continue to grant precautionary measures to Guadalupe Calzada, with a view to effectively meeting her protection needs;
3. Guarantee in all circumstances that human rights defenders in Mexico are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment.

La defensora de los derechos humanos Sra. Guadalupe Calzada permanece en situación de riesgo como consecuencia de su actividad como fundadora y coordinadora del Albergue San Juan Diego (Lechería, Estado de México), a pesar de estar recibiendo protección policial como resultado de previas amenazas a su seguridad. El incidente más reciente tuvo lugar el 9 de febrero de 2011, cuando Guadalupe Calzada fue amenazada de muerte por individuos no identificados. El Albergue San Juan Diego es un hostal, gestionado por voluntarios, que ofrece alojamiento, ayuda y apoyo a migrantes, muchos de los cuales se encuentran bajo amenaza de ser secuestrados por bandas criminales y organizaciones dedicadas al tráfico de personas que operan en la zona. El hostal forma parte de la red Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), una red coordinada por la Iglesia Católica que defiende los derechos de las personas migrantes.

El 9 de febrero de 2011, un miembro de DPMH recibió una llamada telefónica de un desconocido que informó de que Guadalupe Calzada iba a ser asesinada entre los días 8 y 10 de febrero de 2011. El incidente fue comunicado a las autoridades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había con anterioridad concedido medidas de protección preventivas a Guadalupe Calzada como reacción a amenazas previas y, más concretamente, a un incidente ocurrido en julio de 2010 en el que miembros armados de la policía federal que pretendían detener a un grupo de migrantes que se encontraban en la calle, habrían hecho uso excesivo de la fuerza contra el personal del hostal.

El 30 de enero de 2011, un individuo informó a Guadalupe Calzada de que habría oído una conversación entre presuntos miembros de una organización dedicada al tráfico de personas, en la que se mencionaba un plan para incendiar el hostal y asesinar a Guadalupe Calzada. El mismo día, la policía municipal arrestó a un individuo considerado miembro de dicha organización, y que había atacado verbalmente a Guadalupe Calzada en el exterior del hostal.

Front Line considera que las amenazas contra Guadalupe Calzada están directamente relacionadas con su actividad legítima y pacífica de defensa de los derechos humanos de los migrantes. Front Line manifiesta su grave preocupación por la integridad física y psicológica de Guadalupe Calzada, de todo el personal y colaboradores del Albergue San Juan Diego, así como de los defensores de los derechos de los migrantes en el Estado de México y en la totalidad del país.

Front Line urge a las autoridades mexicanas a que:

1. Lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de las amenazas de muerte contra Guadalupe Calzada con el fin de hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante la justicia, de conformidad con los estándares internacionales;
2. Continúen garantizando medidas preventivas de protección a favor de Guadalupe Calzada, asegurando de que dichas medidas respondan de forma efectiva a las necesidades de protección;
3. Garanticen que en toda circunstancia, los defensores de los derechos humanos en México puedan llevar a cabo sus actividades legítimas en el ámbito de los derechos humanos, sin temor a represalias y libres de toda restricción.