Death threats against human rights defenders Mr Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Ms Obtilia Eugenio Manuel

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[English version below]

9 de diciembre de 2010

Asunto: México – Los defensores de derechos humanos Sr. Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Sra. Obtilia Eugenio Manuel, amenazados de muerte

El 28 de noviembre de 2010, el Sr. Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y la Sra. Obtilia Eugenio Manuel, defensores de los derechos humanos, recibieron en su residencia una carta con amenazas de muerte dirigidas a ellos y a miembros de su familia. Ambos defensores de los derechos humanos trabajan con la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM).

El 28 de noviembre de 2010, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Obtilia Eugenio Manuel, encontraron una amenaza de muerte escrita en una hoja de papel que había sido deslizada bajo la puerta de entrada de su casa. La amenaza hacía referencia a un caso que fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2010, en el que miembros del ejercito Mexicano fueron declarados culpables de haber torturado y violado a la Sra. Inés Fernández Ortega y a la Sra. Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas de Guerrero. La amenaza leía [sic]: “Hola Obtilia. Ahora ya sabemo donde vive por que tanto molesta de la asunto Inés y Valentina deje estar chingando en la asunto sentencia de las dos mujeres por que son de la organización mephaa”. A continuación se podía leer [sic]: “ calmate con tu gente de la organización porque sino te va carga la chingada principalmente para ti obti si no dejan estai vamo por tu familia” así como [sic] “ calmate Cuahutemoc porque se van carga la chingada”. Como consecuencia de amenazas recibidas anteriormente, ambos defensores de los derechos humanos habían cambiado de residencia y confiaban en que su paradero era desconocido.

El 29 de noviembre a las 14:00 horas aproximadamente, un Jeep Cherokee negro fue visto merodeando por el bario de manera sospechosa. El conductor era un hombre de unos treinta años y se podían distinguir otros dos pasajeros en el interior. El mismo día, aproximadamente a las 21:00 horas, un vehículo modelo pick-up blanco aparcó cerca de la residencia de los defensores y esperó allí durante aproximadamente 15 minutos. Había tres hombres en el interior del vehículo de entre 30 y 35 años de edad. Una hora más tarde, aproximadamente a las 22:00 horas, dos vehículos sospechosos fueron vistos en las inmediaciones de la casa de los defensores.

El 1 de diciembre de 2010, una denuncia (A.V. 2049/2010/IZMAT) detallando las amenazas de muerte fue registrada en la Agencia de Izúcar de Matamoros, a cargo del Agente del Ministerio Público Luis Pérez Rojas, en la ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla.

El 1 de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo reconociendo las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como contra sus familias, incluyendo la impunidad de la que se habían beneficiado los responsables del ataque sufrido por ambas mujeres, y el acoso padecido por quienes apoyaron a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en su búsqueda de justicia. La Corte Interamericana consideró que el Estado se había negado a investigar adecuadamente las alegaciones de tortura y asalto sexual, y ordenó que se reabriera una investigación criminal. Asimismo, la Corte solicitó al Estado que dejara de remitir investigaciones sobre violaciones de derechos humanos a tribunales militares. OPIM ha pedido al Gobierno mexicano en numerosas ocasiones que acate la decisión judicial y reabra una investigación criminal.

En el pasado, el personal de OPIM ha recibido amenazas como resultado de su trabajo de defensa de los derechos humanos. En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Mexicano adoptar medidas provisionales a favor de 107 defensores/as de derechos humanos en el estado de Guerrero. Sin embargo, estas medidas no han producido cambios sustanciales y todavía existen graves riesgos para las defensoras y defensores de los derechos humanos en Guerrero.

Front Line manifiesta su grave preocupación por la integridad física y psicológica de Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Obtilia Eugenio Manuel, así como de los miembros de sus familias, y considera que han sido objecto de las mencionadas amenazas únicamente a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Front Line insta a las autoridades mexicanas a que:

Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte recibidas por Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Obtilia Eugenio Manuel con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
Tomen todas las medidas necesarias, adecuadas y efectivas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Obtilia Eugenio Manuel, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero;
Garanticen que las defensoras y los defensores de derechos humanos en México puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin represalias y sin restricciones cualesquiera.

9 December 2010

Re:Mexico – Death threats against human rights defenders Mr Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Ms Obtilia Eugenio Manuel

On 28 November 2010, human rights defenders Mr Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Ms Obtilia Eugenio Manuel received death threats against them and family members, when a letter containing the threats was left at the defenders' residence. Both human rights defenders work for the Organización del Pueblo Indígena Me'phaa - OPIM (Me'phaa Indigenous People's Organisation).

On 28 November 2010, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Obtilia Eugenio Manuel found a death threat written on a sheet of paper that had been pushed under the door of their home. The threat made specific reference to a case which the Inter-American Court of Human Rights heard in August 2010, in which elements of the Mexican military were found guilty of torturing and raping Inés Fernández Ortega and Valentina Rosendo Cantú, two indigenous women from Guerrero. The threat opened with the lines: “Hola Obtilia. Ahora ya sabemo donde vive por que tanto molesta de la asunto Inés y Valentina deje estar chingando en la asunto sentencia de las dos mujeres por que son de la organización mephaa” (Hello Obtilia. Now we know where you are living why are you messing about with the case of Inés and Valentina stop fucking around with the issue of the sentence of the two women because they are from the mephaa organisation). It continued: “calmate con tu gente de la organización porque sino te va carga la chingada principalmente para ti obti si no dejan estai vamo por tu familia” (calm down, you and the people of your organisation, because if you don't we will fuck you mainly for you Obti if you don't stop this we will go for your family), as well as: “calmate Cuahutemoc porque se van carga la chingada” (calm down Cuahutemoc or they will kill you). As a result of previous threats received by the human rights defenders they had moved home and their whereabouts were believed to be unknown.

On 29 November, at approximately 2:00pm, a black Cherokee Jeep was seen driving around the neighbourhood in a manner which aroused suspicion. The Jeep was driven by a man in his early to mid thirties. There were also two other passengers inside. Later the same day, at approximately 9:00pm, a white pick-up truck parked very close to the defenders' home and remained there for approximately 15 minutes. There were three men inside, aged between 30-35. One hour later, at approximately 10:00pm, two suspicious vehicles were reported to have been seen in the immediate vicinity of the defenders' home.

On 1 December 2010, a report (A.V. 2049/2010/IZMAT) detailing the death threat was filed with the Izúcar de Matamoros agency, headed by Public Prosecutor Luis Pérez Rojas, in Izúcar de Matamoros City, Puebla.

On 1 October 2010, the Inter-American Court of Human Rights issued a ruling which recognised that gross human rights violations were committed against both Inés Fernández Ortega and Valentina Rosendo Cantú, and their families, including impunity for those who carried out the attack, as well as harassment of those who worked to support the women in their pursuit of justice. The Inter-American Court found that the State had failed to adequately investigate the allegations of torture and sexual assault, and demanded that the State re-open the criminal investigation, and curb the use of military tribunals as a means of investigating human rights violations. OPIM has called on the Mexican government on numerous occasions to abide by the court ruling and re-open a criminal investigation as outlined by the court.

In the past OPIM has received threats against staff members as a result of their work in the defence of human rights. In 2009 the Inter-American Court of Human Rights ordered the Mexican State to adopt provisional measures concerning 107 human rights defenders in Guerrero state. Such measures however have failed to bring about change and there are still grave risks involved for human rights defenders working in Guerrero. Front Line has previously issued appeals detailing an on-going campaign of intimidation, harassment, threats, and assassinations against human rights defenders in Guerrero.

Front Line is gravely concerned for the physical and psychological integrity of Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Obtilia Eugenio Manuel, as well as members of their families, and believes that they have been targeted solely as a result of their work in the defence of human rights.

Front Line urges the Mexican authorities to:

Carry out an immediate, impartial and thorough investigation into the death threats against human rights defenders Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez and Obtilia Eugenio Manuel, with a view to publishing the results and bringing those responsible to justice in accordance with international standards;
Guarantee at all times the physical and psychological integrity of aforementioned human rights defenders as well as all human rights defenders working in Guerrero, particularly by ensuring that adequate and effective security measures are provided to protect human rights defenders at risk and members of their families;
Ensure that all human rights defenders in Guerrero, carrying out their legitimate work in the defence of human rights, are able to operate free of restrictions and reprisals.